- Costa Rica se mantiene entre los países de mayor penetración de telefonía celular en el mundo y es tercero de la OCDE en crecimiento de conexiones de fibra óptica.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) asegura que la Ley General de Telecomunicaciones N°8642, firmada un día como hoy, 4 de junio del año 2008; marcó un hito hacia el desarrollo económico y social de Costa Rica.
En los últimos tres años, por ejemplo, el número de viviendas con acceso a internet pasó de 68% a 84.7%, según la Encuesta Nacional de Hogares 2020. Costa Rica se mantiene entre los países de mayor penetración de telefonía celular en el mundo, con un promedio de 169 suscripciones por cada 100 habitantes.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), colocó a Costa Rica en el tercer lugar de mayor crecimiento en la expansión de redes de fibra óptica entre los países miembros y en proceso de adhesión, solo detrás de Israel y Reino Unido. Entre 2019 y 2020 nuestro país experimentó un crecimiento de 62,2% en este tipo de conexiones a Internet de banda ancha.
El dinamismo mostrado por la industria en los últimos 13 años ha permitido que hoy los costarricenses gocen de mejores servicios a precios cada vez más competitivos. Los casi 150 operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones presentes en Costa Rica han invertido cientos de millones de dólares en el despliegue de infraestructura, generando más de 10.760 empleos directos y el equivalente a un 2.1% del Producto Interno Bruto, solo en su actividad directa, sin considerar el efecto transversal sobre el resto de la economía.
“Un país que apunte hacia la innovación, a ser una economía digital y a la atracción de inversiones de firmas mundiales de tecnología para generación de nuevos empleos; debe tener en las telecomunicaciones la base de su desarrollo y propiciar un ambiente habilitador para su expansión”, aseguró Mario Montero, presidente de INFOCOM, quien agregó: “Llamamos la atención a proyectos de ley, como el de Alfabetización Digital, que colmado de buenas intenciones, debilitan la institucionalidad que nos ha permitido avanzar decididamente como país”.
Aún la industria enfrenta distintos retos, relacionados principalmente con la coordinación entre instituciones del Estado para el diseño y ejecución de política pública relacionada con la reducción de la brecha digital y el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
FONATEL
La Ley General de Telecomunicaciones dio paso a la creación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), financiado por los operadores y cuyo fin es reducir la brecha digital en Costa Rica. A la fecha el fondo ha invertido $188.6 millones en cuatro programas para llevar conectividad a poblaciones vulnerables; y tiene $583 millones comprometidos para el período de 2021 al 2027, con el fin de mantener los beneficios a miles de familias de escasos recursos atendidas y hacer frente a los nuevos programas como la Red Educativa del Bicentenario.
Solo el “Programa Hogares Conectados” ha beneficiado a 155.000 hogares con computador y conexión a internet; el equivalente a 531.000 personas. Este programa fue ampliado en 2020 por el Poder Ejecutivo con 46.000 hogares adicionales, pues ya había completado su meta inicial de atender 140.000 hogares (104.000 viviendas beneficiadas cuentan con mujeres jefas de hogar). Este programa lleva conectividad y equipo a 255.000 menores en edad escolar.
Por su parte, el “Programa Comunidades Conectadas” ha cubierto 127 distritos sin conectividad incluidos en la política pública. Además, ha conectado más de 1.500 Centros de Prestación de Servicios Públicos, beneficiando a más de 121.000 personas.
El programa “Espacios Públicos Conectados”, brinda conectividad de banda ancha a comunidades en 496 zonas como bibliotecas, parques y sitios de importancia comunal, extendiendo una red de fibra óptica de más de 2.500 kilómetros en todo el país, garantizando la igualdad de oportunidades en acceso.
Y el “Programa Centros Públicos Equipados” ha entregado más de 36.800 dispositivos a distintos Centros de Prestación de Servicios Públicos, siendo el Ministerio de Educación Pública (MEP), la institución que más equipos recibe, con el 71% o 26.400 dispositivos.
