- Administración Alvarado ha preferido insistir en un proyecto de ley innecesario que definir política pública en favor de los estudiantes en condición de pobreza.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) señaló al Poder Ejecutivo por la falta de definición de política pública en el último año, dirigida a mejorar las capacidades y la conectividad de los estudiantes en condición de pobreza. En su lugar, la Administración liderada por el presidente Carlos Alvarado, ha dirigido sus esfuerzos en impulsar un proyecto de ley catalogado como “innecesario” por la Contraloría General de la República (CGR), Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y otras organizaciones técnicas y especializadas.
El Proyecto de Ley Programa Nacional de Alfabetización Digital, expediente 22.206, fue presentado con el apoyo del Poder Ejecutivo en setiembre de 2020, con el objetivo de tomar una suma indeterminada de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y trasladarlos al Ministerio de Educación (MEP) para desarrollar programas de alfabetización digital.
La CGR aseguró hace un año que este proyecto era innecesario, pues la Ley General de Telecomunicaciones ya permite el desarrollo de este tipo de programas, y que sólo se requería voluntad política para ejecutarlos.
“El Gobierno de la República está perdiendo el tiempo y condenando a los estudiantes a no tener las herramientas necesarias por estar promoviendo este proyecto de ley. De haberse desarrollado política pública hace un año, hoy estarían en ejecución nuevos programas de FONATEL”, aseguró Mario Montero, presidente de INFOCOM.
Sería irresponsable, además, dar recursos adicionales a un Ministerio que absorbe el 25% del Presupuesto Nacional, y que desde el 2013 ha recibido ¢322.000 millones para el programa “555 Aplicación de la Tecnología en la Educación”. Para 2021, este apartado dispone de ¢42.000 millones, el equivalente a tres veces lo que recauda FONATEL anualmente. Le pedimos al Presidente primero dar a conocer qué ha hecho el MEP con esos fondos, parte de los ¢2,6 billones que obtuvo de presupuesto para este año, antes de continuar dándole recursos sin ninguna rendición de cuentas.
También le exhortamos a explicar cómo, según lo que argumenta en sus publicaciones, el MEP mediante este proyecto de Ley logrará llevar el acceso a internet en todos los rincones del país, incluyendo los hogares de los costarricenses, más allá del ámbito de acción de los centros educativos.
Montero agregó que “a pesar de los recursos millonarios asignados, el MEP ha demostrado su ineficiente manejo de fondos, reflejados en múltiples informaciones de prensa y los lamentables resultados que nos demostró recientemente el Informe Estado de la Educación”.
El “Apagón Educativo” no empezó con la pandemia, inició en 2018 con las huelgas, extendidas a 2019, y dos administraciones han sido incapaces de resolver la problemática educativa. El problema evidentemente no es de falta de recursos, es de falta de liderazgo, voluntad política, definición de metas, eficiencias y gestión, todo ello responsabilidad del Poder Ejecutivo y del MEP.
INFOCOM hace un llamado a las autoridades a enfocar sus esfuerzos en tomar acciones que favorezcan el despliegue de redes de telecomunicaciones, que permitan mejorar la conectividad y las oportunidades de los habitantes; y en la creación decidida de política pública en beneficio de los estudiantes en condición de pobreza. Reiteramos que para eso no se necesitan nuevas leyes y mucho menos desviar fondos al MEP.
