- Operadores ofrecen trabajar de inmediato en acciones concretas para combatir el flagelo de llamadas desde los centros penitenciarios, aún sin la aprobación de un proyecto de
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), reafirma el ánimo de colaboración inmediata que han tenido los operadores móviles con el objetivo de reducir, en el muy corto plazo, la incidencia de llamadas desde centros penitenciarios con fines delictivos.
Para la Cámara, que representa a los operadores públicos y privados, estas acciones inmediatas atacarán desde ya el problema mientras se incorporan las mejores prácticas internacionales en el proyecto que pretende bloquear la señal celular en los centros penitenciarios.
“Los operadores reiteran su anuencia a colaborar en la reducción de esta problemática nacional que está golpeando a los costarricenses, que es la inseguridad ciudadana, y especialmente aquella que se deriva de llamadas con fines de estafa, extorsión y crimen organizado, desde los centros de reclusión del país”, dijo Ana Lucía Ramírez, Directora Ejecutiva de Infocom.
Meses atrás, Infocom alertó acerca de vacíos legales y dudas técnicas en el texto. La posición de la Cámara, consta en el expediente del proyecto de ley No. 19932. Recientemente, en ese expediente fueron incorporados criterios importantes, como los de la Superintendencia de Telecomunicaciones y el ICE; que respaldan la necesidad de modificar el texto actual dictaminado en primer debate para alcanzar una solución integral a la problemática, tomando en cuenta la posible afectación que tendrían las personas y comercios que están en los alrededores de los centros penales.
“El enfoque actual del proyecto impide la aplicación de una solución centralizada que sea gestionada por el Estado, modelo que ya se aplica en otros países como Perú, Colombia o México, en donde a través de una contratación que el Estado controla y efectúa, se puede disponer de múltiples soluciones de bloqueo, control o inteligencia policial”, agregó Ramírez. Las mejores prácticas apuntan a que sea el Estado mediante sus autoridades competentes quienes gestionen –a través de empresas especializadas- una solución que abarque todas las posibles comunicaciones y no solo las derivadas de las concesiones móviles, cual es el enfoque equivocado de este proyecto.
Entre las acciones de corto plazo que plantea la Cámara, está organizar un taller conjunto con expertos internacionales y autoridades costarricenses para incorporar las mejores prácticas en la propuesta legal, que atiendan la problemática de las comunicaciones no deseadas desde una perspectiva integral y efectiva.
Los operadores reafirman su compromiso y disposición de tomar acciones inmediatas y eficaces que permitirán optimizar una nueva ley sin que ello lleve a una inacción por parte de las autoridades y los operadores. No es razonable situar a los operadores en una situación contradictoria, donde por el lado de la concesión se les exige cobertura, mientras que este proyecto les obliga a que no haya cobertura. En ambos casos se exponen a grandes multas. “Sea han planteado soluciones al proyecto que redundarán en un beneficio para toda la sociedad costarricense, solo se necesita que nos dejen ayudarlos”, concluyó la Directora Ejecutiva de Infocom.
