- INFOCOM exhorta al Poder Ejecutivo a emitir política pública y dejar de insistir en este proyecto de ley.
Un incremento en el aparato burocrático, mayores costos operativos, distorsión en las competencias del rector de telecomunicaciones y un traslado de competencias altamente técnicas a entidades públicas sin el conocimiento adecuado; esas son parte de las conclusiones de la Contraloría General de la República (CGR) luego de analizar el texto sustitutivo del expediente 22.206 Programa Nacional de Alfabetización Digital.
El oficio DFOE-CIU-03015, remitido a la Comisión de Asuntos Hacendarios que analiza el proyecto, reitera que la iniciativa es innecesaria, ya que el sistema legal vigente permite que las metas y objetivos propuestos puedan ser incluidos en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) si el Poder Ejecutivo emite la política pública necesaria para tal fin.
“Este informe de la Contraloría respalda las posiciones técnicas que ha mantenido la Cámara al sostener que esta iniciativa de ley no se necesita”, aseguró Mario Montero, presidente de INFOCOM, quien agregó que “exhortamos al Poder Ejecutivo a dejar de perder tiempo impulsando este proyecto, y enfocar sus esfuerzos en la emisión de políticas que atiendan las necesidades de los estudiantes en condición de pobreza y otras poblaciones vulnerables”.
Señalamientos de la Contraloría
Para el ente Contralor, “la iniciativa de ley incrementa el aparato burocrático que participa en el proceso de planificación y ejecución de los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad”, lo que podría repercutir en un incremento de los costos administrativos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y disminuir los recursos para cerrar la brecha digital.
La CGR enfatiza que el traslado de competencias altamente técnicas en materia de redes y servicios de telecomunicación en otras entidades públicas sin tal atribución, se contrapone al sistema legal vigente sustentado en los principios regulatorios a los que el país se comprometió en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La propuesta del proyecto de ley no considera riesgos importantes en la definición, administración y ejecución eficiente de los recursos que se pretenden asignar al Ministerio de Educación Pública (MEP), considerando las debilidades y deficiencias en la ejecución y control de proyectos a cargo de dicho Ministerio.
